Extremadura Entiende

Extremadura Entiende, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerda a las Consejería de Educación de Extremadura, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, en Extremadura este tipo de formación no se ha implementado como se debería.

La entidad LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además, remarcamos la importancia del cumplimiento de la LEY 12/2015, de 8 abril de Igualdad Social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en su artículo 21 indica: “2. Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”, por todo ello, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como está defendiendo la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por este motivo, Extremadura Entiende solicita a la Consejería de Educación de Extremadura que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerde a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Sisi Cáceres, Presidenta de Extremadura Entiende asegura que “somos un colectivo que confía plenamente en la labor docente en nuestra región. Nos consta de primera mano su profesionalidad, predisposición y cercanía hacia la diversidad existente en nuestra sociedad, por lo que entendemos que quizá se deba a un tema de desconocimiento legislativo o de falta de recursos”.

Por este motivo, instamos a la Consejería a que trabaje para facilitar a los centros educativos las herramientas necesarias para que puedan ofrecer formaciones en diversidad LGTBI y cumplan así como uno de los principios del sistema educativo tal y como refleja la LOMCE “la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación”.
En este sentido, Extremadura Entiende recuerda que “las entidades LGTBI ponemos a disposición de los centros que lo soliciten formación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género de manera gratuita, por lo que ponemos a su disposición este recurso por si pudiera ser de utilidad”.
La demanda se enmarca en la campaña “Tienen derecho a saber”, iniciativa de FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivas Consejerías que cumplan con esta obligada responsabilidad. Además, se trata de una campaña que pretende ofrecer una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.
Según Sisi Cáceres, “la intención de esta acción es recordar a los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.

El falso pin parental
En este sentido, Sisi Cáceres recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.
Y es que, según la representante de Extremadura Entiende, la aplicación de un “PIN parental” que la ultraderecha está instaurando en algunas autonomías y que algunos grupos afines están promoviendo “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación”.
Además, explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el PIN parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara la experta.

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